Por Amaury Núñez González
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
La adecuada financiación de
la universidad pública colombiana es la columna vertebral de un nuevo y
democrático sistema universitario. Sin embargo, esta consideración no ha sido
tenida en cuenta, sobre todo, por los gobiernos de los últimos cuatro lustros.
Así, gracias a la desfinanciación estructural de estas instituciones, el
déficit acumulado supera los $11 billones en gastos recurrentes y de inversión
que ha dejado de transferir el Estado colombiano durante los últimos 20 años.
Dicha crisis ha sido aunada
con creces por el gobierno de Juan Manuel Santos. Primero, al proponer una
reforma universitaria (a la Ley 30 de 1992) que terminaba de institucionalizar
la desfinanciación de la universidad pública junto a la degradación de la
calidad que esta trae consigo, agravándola con la entronización del ánimo de
lucro para beneficiar a los negociantes de la educación, al capital financiero
que busca por el mundo más y más nichos en donde invertir y especular. Segundo,
al hacer caso omiso de la exigencia enfática de más presupuesto hecha por la
comunidad educativa para solventar la crisis que atraviesa el sistema universitario,
cuando adicionó $100.0000 millones para 2013 mientras que lo exigido era 9
veces superior. Y tercero, al continuar con la política de incentivar y
subsidiar la demanda a través de créditos educativos, por encima de la oferta
resultante de un potencial crecimiento de la inversión a estas instituciones.
Por eso resulta indignante y
paradójico que en el trámite de la Reforma Tributaria que la Unidad Nacional de
Santos trata de ferrocarrilear en el Congreso, se haya incluido una reducción
de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar en un 25%, pasando de
transferirles un 4% ($4,2 billones) de los parafiscales a un 3% ($3,15
billones), lo que significaría una reducción de $1 billón a estas Cajas para
destinarlo a la universidad pública. La pregunta es obvia ¿de cuándo acá les
preocupa la financiación estatal a estas instituciones? O si les preocupa tanto
¿por qué en vez de trasladar recursos
de una parte a otra, no se adicionó
el billón exigido por estudiantes, profesores y trabajadores en la discusión
del Presupuesto General de la Nación para el próximo año?
Ese traslado de recursos,
que sería a costa de descontar presupuesto a estas Cajas, pondría en riesgo más
de 50 mil empleos y la existencia misma del Sistema de Subsidio Familiar,
servicios con los que cuentan más de 22 millones de personas en Colombia
directa o indirectamente, como lo advirtió Asocajas, y es un costo altísimo e
inaceptable, sobre todo porque ha sido demostrado que con la Reforma se impondrán
mayores cargas a la clase media y descontarán más de $8 billones de impuestos a
las grandes empresas.
La MANE ha definido en su
propuesta “que los recursos que se destinen a la educación superior no deben
ser producto de la creación de impuestos directos al consumo”, como sí lo hace
esta Reforma, la cual profundiza la injusticia tributaria del país. Afirmar que
con ella se resarcirían las destinaciones pendientes con la universidad se
aleja de lo concebido por el movimiento estudiantil colombiano de manera
democrática y amplia, ya que lo contemplado en el proyecto no procura
contrarrestar los niveles de desigualdad en el país. Sea esta una razón más
para oponerse a la ignominia del actual gobierno que se apresta a aprobar la
Reforma Tributaria más inequitativa en la historia del país, con su maquinaria
de la Unidad Nacional en el Congreso, salvo contadas y dignas excepciones.
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