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sábado, 30 de marzo de 2013

La política de la MANE o la del Gobierno.

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Por Amaury Núñez González
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
@amauryng

Aún más fuerte que la crisis de la universidad colombiana son las movilizaciones que surgen en su respuesta. Que el país no va bien no se pone en duda. Lo demuestran las movilizaciones que distintos sectores de la sociedad han realizado en defensa de la producción, el empleo y el bienestar de la población.
Este 21 de marzo alrededor de 50 mil estudiantes en todo el país, convocados por la Mesa Amplia Nacional estudiantil, MANE, le dieron una nueva lección al Gobierno, no desde las aulas sino desde las calles. Lección que en 30 meses no ha podido aprender Juan Manuel Santos: que la educación gratuita y de calidad es condición para el desarrollo de las naciones, por lo que no habría que escatimar gastos en ella. De $11,2 billones de déficit, adicionó menos del 1%, $100.000 millones. Problema que encarna una dimensión política, más allá de una dimensión económica. ¿Cómo juzgar que dentro de las posibilidades de inversión del Gobierno crezca en igual proporción la generosidad con las grandes empresas y su deuda con la Universidad pública?
Es la generosidad a la inversa. La gratuidad cuesta menos del 9% de lo que la Reforma Tributaria eximió en impuestos a las grandes empresas. Desfinanciación y degradación de la calidad son proporcionales, pues sin condiciones materiales bien financiadas, es inalcanzable la calidad. ¿Educación para el desarrollo? Los hechos demuestran que Colombia ha iniciado el desmonte de su capacidad científica y tecnológica, invirtiendo 0,5% del PIB en Ciencia y Tecnología y ubicándose entre últimos cinco lugares en solicitud de patentes y propiedad intelectual.
Lo anterior supone la renuncia al aporte que la educación puede hacer al desarrollo nacional. Cuando en 2011 el gobierno nacional retira su proyecto de reforma a la Ley 30, lo hace por la contundencia de la fuerza y los argumentos de la comunidad educativa. No porque no estuviera de acuerdo con su contenido. Es natural entonces que durante los 16 meses que la MANE ha construido su proyecto a presentar el próximo semestre, continuasen con la intensión de introducir reformas tendientes a profundizar la privatización de las universidades públicas y darle paso al ánimo de lucro. (Ver más) Tal pretensión fue reafirmada por la Ministra Campo al insistir en que una nueva política en la materia buscará una “universidad colombiana inserta en las dinámicas globales, que no se puede basar en derechos adquiridos” Discurso de la Ministra completo
Los estudiantes colombianos comprenden la naturaleza del debate. Con masivas movilizaciones de carácter nacional lo han demostrado. Con abrazatones, besatones y hasta Harlem Shake promueven el rechazo a la privatización de la universidad pública y la degradación de la calidad del Sistema de Educación Superior. Los modelos contrapuestos, el neoliberal del Gobierno y el democrático de la comunidad educativa, tendrán que debatirse entre esto.

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lunes, 31 de diciembre de 2012

AL TERMINAR 2012 ¿CUÁNTO CUESTA LA UNIVERSIDAD?

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Por Amaury Núñez González.
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.


Un hecho clarísimo rodeó a la universidad pública colombiana en 2012: la crisis de estas instituciones se profundizó. El reciente estudio del Sistema Universitario Estatal, SUE, sobre la desfinanciación que viven 30 entre 32 universidades públicas lo corrobora. (Ver estudio completo)

Como ya es conocido, el presupuesto que les es destinado desde la Ley 30 de 1992 ha sido insuficiente para soportar estas instituciones, ya que las erogaciones a partir de la variable costo del dinero implica actualizarlas mas no aumentarlas. Bajo esa consideración bastarían los recursos de 1992 para mantener el mismo nivel de cualificación docente y su cantidad, la infraestructura física, entre otros. Pero dichos niveles han aumentado y por lo tanto se presenta una desfinanciación. Según el Director de Presupuesto de este órgano “la nación no financia los costos de funcionamiento de las universidades públicas” porque, según él, no es absolutamente responsable de un rubro especifico,  sino del mínimo contemplado por Ley mientras que las necesidades abundan.

Dos aspectos pueden resumir la crisis actual del sistema: i.) Para obtener la deseable relación de 1 docente por cada 18 estudiantes habría que pasar de 11.425 docentes de planta a 19.215,  reduciendo en 61% y 53% los catedráticos y ocasionales respectivamente, para una distribución de 7 de planta, 2 catedráticos y 1 ocasional por cada 10, lo que representaría una inversión de $430.000 millones adicionales por año, ii.) la infraestructura física actual es de 3,9m2 por cada estudiante, mientras que para salir del palpable hacinamiento urge una relación de 11m2 por cada 1, que con los estudiantes de hoy exige 2,8 millones de m2 adicionales, con un costo de $5,6 billones.

Sumando a lo anterior lo requerido para cualificación docente,  Bienestar Universitario, Recursos de Apoyo Académico y Gastos Administrativos el cálculo total de las necesidades financieras del Sistema es superior a los $18,7 billones[1]. Sin embargo, la universidad a través de la venta de bienes servicios, aumento de costo de matrículas y estrategias de racionalización de los recursos, todo ante la indiferencia del Gobierno Nacional, le ha restado a la anterior suma $7,5 billones, para un déficit total de $11,1 billones a 2012.

Amanecerá y veremos, pues tras el año que las Universidades acaban de pasar en un deplorable estado, al Gobierno se le crecen las movilizaciones y los estudiantes incubamos una nueva Ley de Educación Superior.

Nota: en la aprobada y sancionada Reforma Tributaria se destinará una partida que ronda los $1,5 billones a las 80 Instituciones de Educación Superior públicas entre 2013 y 2015, sobre los que el Gobierno reglamentará los criterios de asignación  y por lo tanto no irán a la Base Presupuestal de las Universidades.  La MANE acertó al no prestarle el nombre a Santos y su Unidad Nacional para aprobar su regresiva reforma, que en tres años entregará a 80 IES 9 veces menos de lo requerido por 30 de ellas para el próximo. Estos recursos, además de estar atados a las utilidades de las empresas (razón por la que la cifra podría alterarse), se generarán a costa de imponer enormes cargas al colombiano de clase baja y media, mientras perdona más de $8 billones de impuestos a las grandes empresas.



[1] Incluyendo los gastos adicionales a partir de decisiones legales que han incidido en el presupuesto de gastos de las Universidades Estatales a partir de la ley 30 de 1992 en materia de contratación de personal.

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lunes, 17 de diciembre de 2012

Crisis universitaria y Reforma Tributaria.

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Por Amaury Núñez González
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.

La adecuada financiación de la universidad pública colombiana es la columna vertebral de un nuevo y democrático sistema universitario. Sin embargo, esta consideración no ha sido tenida en cuenta, sobre todo, por los gobiernos de los últimos cuatro lustros. Así, gracias a la desfinanciación estructural de estas instituciones, el déficit acumulado supera los $11 billones en gastos recurrentes y de inversión que ha dejado de transferir el Estado colombiano durante los últimos 20 años.

Dicha crisis ha sido aunada con creces por el gobierno de Juan Manuel Santos. Primero, al proponer una reforma universitaria (a la Ley 30 de 1992) que terminaba de institucionalizar la desfinanciación de la universidad pública junto a la degradación de la calidad que esta trae consigo, agravándola con la entronización del ánimo de lucro para beneficiar a los negociantes de la educación, al capital financiero que busca por el mundo más y más nichos en donde invertir y especular. Segundo, al hacer caso omiso de la exigencia enfática de más presupuesto hecha por la comunidad educativa para solventar la crisis que atraviesa el sistema universitario, cuando adicionó $100.0000 millones para 2013 mientras que lo exigido era 9 veces superior. Y tercero, al continuar con la política de incentivar y subsidiar la demanda a través de créditos educativos, por encima de la oferta resultante de un potencial crecimiento de la inversión a estas instituciones.

Por eso resulta indignante y paradójico que en el trámite de la Reforma Tributaria que la Unidad Nacional de Santos trata de ferrocarrilear en el Congreso, se haya incluido una reducción de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar en un 25%, pasando de transferirles un 4% ($4,2 billones) de los parafiscales a un 3% ($3,15 billones), lo que significaría una reducción de $1 billón a estas Cajas para destinarlo a la universidad pública. La pregunta es obvia ¿de cuándo acá les preocupa la financiación estatal a estas instituciones? O si les preocupa tanto ¿por qué en vez de trasladar recursos de una parte a otra, no se adicionó el billón exigido por estudiantes, profesores y trabajadores en la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año?

Ese traslado de recursos, que sería a costa de descontar presupuesto a estas Cajas, pondría en riesgo más de 50 mil empleos y la existencia misma del Sistema de Subsidio Familiar, servicios con los que cuentan más de 22 millones de personas en Colombia directa o indirectamente, como lo advirtió Asocajas, y es un costo altísimo e inaceptable, sobre todo porque ha sido demostrado que con la Reforma se impondrán mayores cargas a la clase media y descontarán más de $8 billones de impuestos a las grandes empresas.

La MANE ha definido en su propuesta “que los recursos que se destinen a la educación superior no deben ser producto de la creación de impuestos directos al consumo”, como sí lo hace esta Reforma, la cual profundiza la injusticia tributaria del país. Afirmar que con ella se resarcirían las destinaciones pendientes con la universidad se aleja de lo concebido por el movimiento estudiantil colombiano de manera democrática y amplia, ya que lo contemplado en el proyecto no procura contrarrestar los niveles de desigualdad en el país. Sea esta una razón más para oponerse a la ignominia del actual gobierno que se apresta a aprobar la Reforma Tributaria más inequitativa en la historia del país, con su maquinaria de la Unidad Nacional en el Congreso, salvo contadas y dignas excepciones.

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