Por Amaury Núñez González
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE.
A finales del año pasado se hizo público el Proceso de Transformación Organizacional que adelantaba el equipo rectoral de la Universidad de Antioquia.
En primer lugar, se formuló sin surtir un trámite democrático que involucrara a la comunidad educativa, pero aún más grave, apunta solo a dar respuesta a la aguda crisis financiera que atraviesan las universidades públicas del país.
Como lo admite el documento oficial de la propuesta, su objetivo es alcanzar “un modelo de gestión efectivo [que] optimice la utilización de los recursos, y articule la planeación con la inversión y el gasto”, mientras califica su misión como “la entrega de productos y servicios integrales que responden a las necesidades de los usuarios”, excluyendo del esquema la investigación, la docencia y la extensión como fines misionales.
Fehaciente afirmación si se tiene en cuenta que en la universidad más importante de Antioquia el conjunto de rentas propias y recursos de capital ya aportan el 46% de los ingresos, cuya racionalización se traduce en que, por ejemplo, de 6.284 profesores, solo 1.324 son de planta, mientras que 4.960 son de cátedra y ocasionales.
La estructura formal que asumiría la nueva organización (Mapa Operativo de Procesos, MOP), al contrario de las aplicadas por otras universidades públicas, se plantea de una manera absolutamente corporativa.
Mientras la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional sede Medellín se organizan con fundamento en la satisfacción de las necesidades de generación, transferencia y desarrollo social basado en la ciencia, la tecnología y la cultura, siendo la investigación, la docencia y la extensión el eje de este proceso, la propuesta de la UdeA no las considera.
Para aclararlo, veamos el contenido de la propuesta: la ecuación comienza en el ámbito del entorno socio-económico (modelo económico, Estado y sociedad) sobre el cual los socios de valor (accionistas, empleados, inversionistas e instituciones aliadas) se relacionarán con los usuarios, que no son otros que los “beneficiarios de los productos o servicios”. Entre estos últimos tampoco habría intermediación alguna si llegara a aprobarse, dejándola a merced del sector privado.
Organizar los principios, medios y fines de una universidad pública generando absoluta correspondencia entre estos es un propósito plausible si se encamina a posibilitar mayores aportes a la sociedad en el ámbito científico, cultural y tecnológico. Pero cuando los gobiernos recientes, empapados de neoliberalismo hasta la coronilla, han desfinanciado a la universidad hasta quebrarla, la convierten en instrumento de lucro del sector privado.
Peor que el ánimo de lucro que en forma descarada quisieron imponer Santos y su Unidad Nacional hace año y medio es el que entra por la puerta trasera. Ya decía el magnate y empresario de la educación con ánimo de lucro, Michael Clifford, que lo único que puede aportar el modelo corporativo a la universidad son tres cosas: dinero, administración y marketing.
Después de una fuerte movilización que duró cerca de cuatro semanas hábiles, el día viernes 18 de enero fue suspendida parcialmente la reforma. Esto debido a que la Asociación de Profesores hizo aprobar un calendario para su discusión, que definirá a pulso de argumentos y de fuerza qué regirá organizativamente la universidad más antigua de Colombia. Sobre el tapete hay dos modelos contrapuestos: el privatizador y corporativo de Juan Manuel Santos o el nacional y democrático del movimiento universitario.
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